29 de febrero de 2012

Migrantes somos y en el camino andamos

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, presentó un informe de la situación en que se encuentran los migrantes indígenas de la montaña.


Estimados y estimadas compañeras:

Reciban un cordial saludo de parte de quienes colaboramos en el Consejo de Jornaleros y Jornaleras de la Montaña de Guerrero y en el Centro de Derechos Humanos de la Montaña “Tlachinollan”. En esta ocasión es un gusto para nosotras informarles que el martes 28 de febrero se llevó a cabo en coordinación con la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos la presentación de la publicación elaborada por Tlachinollan “Migrantes Somos y en el Camino Andamos” la cual terminó de imprimirse en enero del 2012, con el apoyo de la Fundación W.K. Kellogg. La publicación la pueden descargar en: http://www.tlachinollan.org/Descargas/Migrantes_somos_web.pdf

La presentación contó con la participación de Javier Hernández, Representante de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Victoria Cruz, coordinadora del Programa Internacional para la Erradicación del Trabajo Infantil, de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el Antropólogo Abel Barrera, Director de Tlachinollan. Asimismo se contó con la participación de Aureliana Díaz Benigno, integrante del Consejo de Jornaleras y Jornaleros Agrícolas de la Montaña quien relató las difíciles condiciones de trabajo a las que se enfrentan las mujeres indígenas en los campos agrícolas, donde los derechos laborales no existen.
Una breve nota informativa del informe se encuentra al final del correo. Asimismo, les enviamos enlaces de entrevistas y notas periodísticas relacionadas con la presentación, esperando que sean de su interés.

Saludos, Tlachinollan
Mayor información en:
http://www.tlachinollan.org/migrantes-somos.html http://www.tlachinollan.org/migrantes-somos.html
Entrevista CNN con Carmen Aristegui:
http://mexico.cnn.com/videos/2012/02/29/el-informe-migrantes-somos-y-en-el-camino-andamos
Nota Proceso:
http://www.proceso.com.mx/?p=299567
Noticias MVS:
http://www.noticiasmvs.com/noticias/nacionales/al-migrante-a-sus-ninos-y-ninas-el-pais-no-los-ve-abel-barrera-893.html

 Nota Informativa. El informe Migrantes Somos y en el Camino Andamos documenta la serie de violaciones a los derechos humanos que enfrentan los jornaleros y jornaleras agrícolas provenientes de 362 comunidades indígenas de la región de la Montaña de Guerrero que migran temporalmente hacia los campos de cultivos agrícolas que se encuentran en los estados de Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Baja California Norte, Chihuahua, Zacatecas, Guanajuato, Jalisco, Nayarit, Michoacán, San Luis Potosí, Hidalgo, Morelos, Estado de México.
De acuerdo con los registros de Tlachinollan y del Consejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña, durante el ciclo migratorio que corresponde de septiembre de 2010 a enero de 2011, se registró la salida de 7 mil 358 jornaleros y jornaleras agrícolas únicamente de la región Montaña, de los cuales, 3 mil 858 eran hombres, y 3 mil 500 mujeres. Del total de jornaleros agrícolas, 3 mil 309 eran menores de 15 años y 459 estaban dentro del rango de edad de cero a un año.

La información presentada en el informe "Migrantes Somos y en el Camino Andamos" contrasta notablemente con los datos obtenidos por Tlachinollan en diversas solicitudes de información planteadas a la Secretaría del Trabaja y Previsión Social a través del Instituto Federal de Acceso a lInformación. De acuerdo con dicha información gubernamental, la mencionada Secretaría no cuenta con un presupuesto específico para atender la problemática de la migración interna jornalera. Por otra parte, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) afirmó con base en la Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas que dicho sector poblacional asciende a los 9,206,429 personas, de los cuales 2,071,483 son trabajadores y trabajadoras, mientras que estimó que la población agrícola migrante es de 2,071,483 personas, de los cuales 762,265 son trabajadores y trabajadoras. Igualmente, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aceptó que no se han elaborado y publicado las bases de colaboración entre dicha Secretaría, INDESOl y SEDESOL para la promoción y difusión de los derechos humanos de los jornaleros, aceptando que apenas 41 empresas han podido ser acreditadas como "Empresas agrícolas libres de trabajo infantil" entre 2010 y 2011.

 En cuanto al personal dedicado a realizar inspecciones de trabajo en campos agrícolas, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social aceptó que no hay inspectores especialmente asignados a dicha tarea, ni siquiera en estados con alta incidencia de explotación de jornaleros indígenas como Chihuahua, Morelos, y Sinaloa. En estos estados, la Secretaría informó el número de inspecciones realizadas, siendo alarmantemente bajo, pues desde 2006 hasta la fecha se han realizado 116; 5 en Morelos; y 56 en Chihuahua. Respecto de estas visitas la STPS aceptó que no ha iniciado un solo procedimiento administrativo sancionador con motivo de las condiciones generales de trabajo que se presentan en los campos agrícolas, por estimar que esto es competencia de las entidades federativas.

 Pese a la magnitud del trabajo infantil documentada por Tlachinollan, la STPS por su parte sólo pudo detectar a un menor trabajando en campos agrícolas, durante todo el 2011, lo que contrasta dramáticamente con los testimonios documentados en el informe "Jornaleros somos".

En suma, a partir de la propia información gubernamental es evidente que el Estado mexicano es omiso en cumplir con su obligación de garantizar los derechos humanos, tolerando pasivamente las violaciones a derechos laborales que se cometen en los campos agrícolas, como se evidencia en razón del escaso número de visitas de inspección que se realizan en campos agrícolas, así como de la ausencia de inspectores federales del trabajo especializados en este rubro. La inacción estatal explica los abusos documentados con base en los testimonios de las y los propios jornaleros en el Informe presentado.

 En ese sentido, desde una perspectiva de derechos humanos, no puede dejarse de señalar que el Estado mexicano está obligado a garantizar los derechos de los jornaleros agrícolas frente a la explotación de la fuerza de trabajo que representan, de forma que incumple dicho deber al ser permisivo ante los abusos de los particulares, que pueden ser prevenidos mediante el ejercicio cabal de las atribuciones que la ley confiere a las autoridades estatales y federales del trabajo.

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