30 de junio de 2014

Tlachinollan Los m'e phaa de San Miguel del Progreso contra la minería


Reciban un saludo cordial de Tlachinollan.

En esta ocasión nos dirigimos a ustedes para informarles los avances en el proceso de defensa de su territorio de San Miguel Del Progreso – Júba Wajiín, comunidad indígena Me’phaa de la región de la Montaña, de Guerrero.

La semana pasada, las autoridades agrarias, municipales y tradicionales de San Miguel Del Progreso – Júba Wajiín dieron a conocer la obtención de un amparo contra una concesión minera entregada en su territorio, al tiempo que denunciaron que el Gobierno Federal pretende revertir esa inédita resolución; por lo que se ha informado que se ha solicitado formalmente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que conozca el caso y que analice por primera vez si la Ley Minera en vigor es compatible con la Constitución y con los tratados internacionales de derechos humanos.  

Cabe recordar que el 15 de julio de 2013, la Comunidad San Miguel Del Progreso – Júba Wajiín interpuso una demanda de amparo en la que se señaló que el procedimiento administrativo que derivó en la entrega de los títulos de concesión Reducción Norte de Corazón Tinieblas (título 232560) y Corazón de Tinieblas (título 237861), contravino la Constitución y los Tratados Internacionales que el Estado mexicano ha ratificado. Además, la acción legal incorporó, por primera vez en años recientes, la solicitud de que se analice si las disposiciones de la Ley Minera son constitucionales y compatibles con la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) y con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Así, aunque durante el juicio de amparo las autoridades federales negaron haber violado los derechos de San Miguel Del Progreso – Júba Wajiín; el 12 de febrero de 2014 fue notificada una sentencia histórica: el Juez de Distrito consideró que efectivamente habían sido violados los derechos de esta comunidad Me’phaa, al haberse entregado sin consulta, las concesiones mineras una concesión minera dentro de un territorio indígena, invocando para ello los derechos contenidos en tratados internacionales que México ha firmado y ratificado como el Convenio 169 de la OIT, así como la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH).   

Para la Comunidad de San Miguel Del Progreso – Júba Wajiín y para Tlachinollan, la sentencia elaborada por el Juzgado Tercero Auxiliar de la Séptima Región, con sede en Acapulco, y notificada por el Juzgado Primero de Distrito del 21 Circuito, constituye sin duda un avance inédito en la justiciabilidad de los derechos colectivos de los pueblos y comunidades indígenas.

No obstante, el Gobierno Federal impugnó la decisión judicial. Así, el 13 de marzo de 2014 la Secretaría de Economía presentó un recurso de revisión donde entre otras cosas, el Gobierno Federal niega la existencia del derecho a la consulta previa tratándose de concesiones mineras. Por su parte, San Miguel Del Progreso – Júba Wajiín también presentó el recurso de revisión para buscar que en esta segunda instancia se analice la posible inconstitucionalidad e inconvencionalidad de la Ley Minera. Después de concluir su integración, el expediente quedó radicado en el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito Judicial, con sede en Acapulco, donde el recurso fue admitido el pasado 17 de junio de 2014, asignándosele el número de expediente 167/2014.

Siendo inminente la resolución de este importante caso, el pasado 25 de junio de 2014 las autoridades de San Miguel Del Progreso – Júba Wajiín dirigieron un escrito al Ministro Jorge Pardo Rebolledo para pedir que la Primera Sala de la SCJN conozca el caso y se avoque al análisis de la Ley Minera, por considerar que no hay precedentes legales en este tema que ha adquirido una notable importancia social dada la multiplicación de los conflictos sociales originados por el otorgamiento de concesiones mineras en territorios de pueblos y comunidades indígenas.

Los proyectos mineros que se quieren imponer buscan despojar de sus tierras a los pueblos originarios, ignorando que desde la cosmovisión indígena la tierra no es una mercancía sino que, en tanto territorio, es la base material de la reproducción cultural y se encuentra impregnada de valores espirituales que dan razón y fundamento al tejido comunitario con el que se protege la vida. En virtud de ello, se enfatiza que la mejor defensa del territorio es la organización comunitaria, en la que perseverarán independientemente del resultado del amparo. 

En este sentido, el análisis profundo de la Ley Minera en el Máximo Tribunal no sólo beneficiaría a las comunidades de La Montaña de Guerrero, sino a muchas otras que hoy se ven afectadas por las concesiones mineras, pues se estima que se han otorgado cerca de 2 millones 173 mil 141 hectáreas en territorios indígenas nacionales a partir del año 2000; por  lo que en dicho análisis debe refrendarse el compromiso con los derechos humanos por el que la SCJN recientemente ha recibido reconocimientos internacionales.

Finalmente, adjunto encontrarán una ficha informativa sobre el proceso de defensa del territorio de San Miguel Del Progreso, así como un comunicado de prensa emitido en el que se dio a conocer los avances del proceso del amparo y las notas de prensa que retoman las noticias. 

En caso de que requieran mayor información no duden en comunicarse con nosotras.

saludos cordiales,

Tlachinollan 



Especial - El Universal - Cuidan tierras ante daño por minas



No hay comentarios.:

Publicar un comentario