28 de septiembre de 2014

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El Estado evade hablar de tortura: Insyde; censura a las víctimas y no a ejecutores Por: Laura Cordero - septiembre 27 de 2014 - 0:04 DE REVISTA, MÉXICO, TIEMPO REAL - Sin comentarios   

Grupos civiles exigen Alto a la Tortura en México. Foto: Francisco Cañedo, SinEmbargo Ciudad de México, 27 de septiembre (SinEmbargo).– El Instituto para la Seguridad y la Democracia (Insyde) presentó los resultados de la Campaña Nacional para Prevenir la Tortura (CNPT) que durante dos años llevaron a cabo con la participación de organizaciones de la sociedad civil, instituciones de procuración de justicia, de seguridad pública, así como autoridades legislativas e incluso gobiernos ejecutivos y, por supuesto, las víctimas. 

Ernesto López Portillo, director ejecutivo de Insyde, aseguró que para erradicar el problema de la tortura se requieren esfuerzos coordinados y simultáneos de las autoridades junto con la sociedad civil. Sin embargo, para comenzar esta tarea se debe reconocer y comenzar a hablar del problema. 

“No todos en esta sociedad mexicana de hoy, en este Estado, no todos censuran la tortura. La tortura no merece una censura colectiva e institucional organizada eficaz y contundente”, dijo. 

Apenas, este jueves el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas, AC (Frayba) documentó hechos de tortura y tratos inhumanos y degradantes cometidos por elementos de la Policía Municipal de Chilón, Chiapas, contra tres indígenas tseltales, para obligarlos a confesarse culpables de un delito que no cometieron. 

De acuerdo con un reporte de la organización civil de derechos humanos Amnistía Internacional (AI) de 2006 a 2013 la Procuraduría General de la República (PGR) abrió  mil 219 averiguaciones previas por presuntas torturas cometidas por funcionarios públicos. El año en el que se abrieron más indagatorias fue 2013 con 964, una cifra 3.6 por ciento superior a las 26 abiertas en 2006. Sin embargo, al respecto, la PGR sólo realizó 472 dictámenes especializados para determinar si hubo delito o no. De ellos, en únicamente 57 se encontraron “resultados compatibles con tortura”. 

El reporte Fuera de control: Tortura y otros malos tratos en México reveló que durante el primer año del Presidente Enrique Peña Nieto se presentaron mil 505 casos de tortura, un incremento de 600 por ciento, respecto a 2003. De acuerdo con la organización, el 64 por ciento de los mexicanos tiene miedo a ser víctima de tortura. Sólo entre 2010 y 2013 la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) registró 7 mil 164 quejas por torturas y malos tratos. La organización expuso que el miedo es tan generalizado, que entre 2005 y 2013 se presentaron tres mil 749 peticiones de amparo federal, donde las personas detenidas solicitaron protección frente a la tortura y otras violaciones a los derechos humanos. 

AI advirtió que la tortura creció vertiginosamente a partir de 2006, cuando inició la guerra contra las drogas y no se ha detenido en la nueva administración. 

TORTURA E IMPUNIDAD 

López Portillo aseguró también que “la tortura existe y se reproduce en un ambiente de impunidad, a su vez, condicionado por una impronta cultura en materia de derechos humanos, adentro y afuera de las instituciones”. 

Durante dos años, Insyde ha trabajado directamente con instituciones procuradoras de seguridad públicas y López Portillo asegura que esto les ha permitido hablar en formatos formales e informales y por ésta última razón la información fluye. 

Luego de esos trabajos, el director ejecutivo asegura que la frase más escuchada es: “En ocasiones no hay otra manera de hacerlo. La tortura está ahí porque a veces no hay otra manera de hacerlo”. 

Para reforzar esto, citó a la investigadora Ana Luara Magaloni Kerpel, del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), quien aseguró, después de publicar la primer encuesta que hicieron a internos de Centros de Readaptación Social, que hay tantos reportes de maltrato a manos de autoridades federales que “parece que estamos ante una forma de trabajar”. 

De acuerdo con la información con la que cuenta Insyde, la hipótesis es válida: “La tortura es una forma de trabajar”. 

Condenó que la tortura sea un tema que aún sufra censura por parte de las instituciones, e incluso los medios de comunicación, pero peor aún, se censura a las víctimas de ésta práctica. 

“La inmensa mayoría de sus comentarios no censuran a quienes pueden ser los torturadores, censuran a los torturados. En nuestra cultura domina mucho más una actitud, opinión y valor que apuntar la sospecha sobre la víctima, no sobre el victimario”, dijo. 

La campaña lanzada por Insyde “interpela por igual a las autoridades que en ocasiones, mucho más de lo que quisiéramos y mucho más de lo que se reconoce, alojan prácticas de tortura pero también a la sociedad que no es capaz de elaborar una condena clara, contundente, consistente que le cierre el paso desde la censura social a la tolerancia a la tortura”. 

El director ejecutivo recordó que en la teoría de las políticas públicas se habla de dos cosas diferentes: los problemas y los temas, y los primeros se convierten en temas cuando el colectivo los identifica como un problema y es así que comienza la construcción de una política pública para atacarlo. 

“Mi hipótesis es que la tortura no es un tema. Si esto es así, la complicación es enorme porque no se construyen políticas públicas donde no hay temas. Se construyen políticas públicas a partir de que alguien, movimientos o grupos de interés comienzan a construir lo que se llama un tema”. 

Una de las principales actividades de la Campaña es la elaboración de protocolos de investigación y documentación de la tortura para las autoridades investigadoras y los peritos, protocolos de uso de la fuerza para cuerpos de seguridad, capacitación presencial y on-line, así como sensibilización de la opinión pública mediante acciones de difusión y comunicación. 

Durante la presentación se revelaron cinco materiales bibliográficos que son el resultado del trabajo de dos años y que pretenden fortalecer el diálogo y la articulación de acciones entre instituciones públicas y sociales con el fin de reducir la incidencia de tortura en México mediante el impulso y la promoción de la adopción de normatividad, políticas públicas y procedimientos viables en armonía con los desarrollos constitucionales más reciente en materia de sistema acusatorio de justicia penal y derechos humanos.
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